A mediados de 2010 una página web
de nombre Wikileaks, creada por el periodista y programador
australiano Julián Assange puso a temblar a la política exterior gringa, al
ponerse al descubierto una serie documentos electrónicos que revelaban las travesuras
injerencistas de los diplomáticos del norte alrededor del mundo.
El gobierno yanqui apeló a sus
leyes anti terroristas para levantar un juicio contra el sueco, mientras
que en Suecia apareció un pintoresco expediente de acoso sexual destinado a
aniquilar la imagen del hombre que le dobló el pulso al Departamento de
Estado e hizo temblar a muchos políticos en funciones de gobierno o de
oposición en el planeta.
Una lucha cibernética se realizó
contra Assange y su web, que mientras recibía premios internacionales era
perseguido por el aparato jurídico de EEUU, Reino Unido y Suecia. En un
evidente esfuerzo por evitar las críticas de coartar la libertad de expresión,
el forjado caso sexual es profundizado para perseguir al periodista, quien es
detenido en Londres y la trasnacional Visa suspendía el crédito a Wikileaks. La
defensa de Assange puso en el tapete que Reino Unido lo extraditaría a Suecia y
de allí corría el riesgo de ser entregado a EEUU donde le aplicarían las leyes
antiterroristas.
Assange se refugia en la
Embajada de Ecuador en Londres, seguramente conocedor de la tradición de
derecho internacional humanitario de nuestra región, y en la convicción de que
su juicio estaba siendo montado por razones políticas, dadas las evidencias de
hostigamiento judicial y económico contra su web. El gobierno
ecuatoriano analizó en un plazo prudencial la solicitud, sin precipitarse y
basándose en una amplia investigación. Al acercarse la hora de anunciar la
decisión, el gobierno realista de Reino Unido hace pública una insólita nota
verbal dirigida a las autoridades del país suramericano. De manera tajante
advierte que el Reino Unido tiene el poder legal de
suspender temporalmente el estatus del recinto de la embajada y arrestar a
Assange y alude a una (anti) Ley de Recintos Diplomáticos y Consulares de 1987.
Para dar seriedad a su ultimátum, la agrega que espera que no sea necesario el
asalto a la embajada.
De
esta manera, Gran Bretaña da un zarpazo al derecho internacional del cual es
parte, al firmar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así
mismo los tratados sobre derecho de asilo y la doctrina de la Naciones Unidas
consagrada en la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. Inglaterra es
fundadora de la ONU y uno de sus miembros permanentes. El derecho internacional
humanitario es uno de las pocas garantías vigentes de la paz en el mundo.
La
amenaza inglesa de aplicar leyes internas a las relaciones internacionales, sin
mayor pretexto que la soberbia y la tradición imperial frente a un pequeño país
le puede granjear el aislamiento internacional. Las reacciones de Rusia, UNASUR
y ALBA y de la opinión pública mundial ya se hacen sentir, al punto que el
canciller inglés ha suavizado el discurso. Claro está, se prepara junto a su
par EEUU para aplicar otro tipo de retaliación a Ecuador como suspenderle las
preferencias arancelarias y convencer a Europa de disminuir las importaciones
ecuatorianas. Un nuevo capítulo en el cual habrá que posición toma la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
