La
dirigencia derechista de la próxima mayoría Asamblea Nacional ha hecho público
su programa legislativo, nunca develado en su campaña sin contenidos,
basada en el dolor en el ataque al pueblo.
Los dos
últimos gobiernos de la derecha venezolana, implementaron un agresivo plan
neoliberal, acorde con el Consenso de Washington, hechura del FMI, el BM y las
grandes transnacionales. Las condiciones que establece el FMI ocasionaron un
sangriento sacudón popular en 1989 que daría al traste con el gobierno entreguista
de CAP II.
La
insurrección cívico militar del 4F marcaría el hito organizativo para que el
pueblo ascendiera por vez primera al poder. En plena convulsión y con hilos
electorales bajo control de AD y Copei, Rafael Caldera gana unas reñidas
elecciones compitiendo con sus pares de derecha. No dudaría en continuar con el
llamado "Gran Viraje de CAP".
Tales
medidas que cercenaban los derechos de los trabajadores, como quitar la
retroactividad de las prestaciones sociales, eliminar progresivamente el seguro
social, privatizar la CANTV, la electricidad, aumentar de los combustibles, la
descentralización de los hospitales para permitir cobros "básicos",
la discusión de pago de matrículas "asequibles" para las
universidades públicas..
Todo esto viene del Paquete de Medidas Económicas de CAP II Comparando hoy, los anuncios y propuestas de sectores como Fedecamaras, Cavidea, Consecomercio, encontramos reveladoras similitudes con aquellas medidas que solo buscaban el equilibrio macroeconómico de las cuentas nacionales, la desregulación de la economía aun a costa de los habitantes de la nación, a los cuales se le pretendió acallar con paliativos de ayuda social.
El
Paquete
Los
principales puntos del plan "el paquete" fueron: liberar las
tasas de interés, liberar el control de cambio, liberar los precios de todos
los productos, aumentar las tarifas de los servicios públicos como luz, agua,
teléfono y gasolina, eliminar progresivamente los aranceles de importación,
reducir el déficit fiscal a un máximo de 4% y congelar los cargos de la
administración pública.
Estas
medidas iban acompañadas de un “programa social” provisional y limitado que
apenas incluía: subsidios directos a los productos de la cesta básica, becas
alimentarias limitadas; un soso plan de consolidación de barrios y de los
ambulatorios de salud
Las
exigencias del FMI
Sin
escuchar a ninguna voz disidente, particularmente la de los sectores que
estudiaban la situación del país y de América que ya venía siendo amenazada de
los ajustes estructurales, el gobierno de CAP II optó por su aplicación y la
incorporación de las recetas fondomonetaristas: Fortalecer el ahorro
interno, cambio único y flotante, facilidades al financiamiento externo,
eliminación de controles de precio, liberación de la tasa de interés positivas,
subsidios limitados, salarios por debajo de inflación.
La política monetaria, fue el centro de la atención del FMI. En síntesis, que el Estado cediera el control a las reglas de un mercado cambiario generalmente de espaldas a la productividad nacional y en favor de una economía de puerto.
¿Qué
resultados produjeron las medidas de 1989?
Si bien
el paquete de medidas se prolongaría con Ramón José Velázquez y Rafael Caldera
(1993 – 1998), unos datos de lo sucedido en 1989 muestran lo antipopular
de aquellos ajustes: la economía sufrió una contracción de 8,1% en 1989 y la
tasa de inflación alcanzó un nivel histórico de 84,5%; mientras la pobreza,
para lo cual se creó una comisión abarcaba a 62% de la población, 30% de la
cual se encontraba en pobreza absoluta.
El tipo
de cambió pasó de un promedio de 38,41 bolívares por dólar en enero de 1989 a
una media de 43,69 bolívares por dólar en diciembre de ese año.
El
gobierno del chiripero
Caldera
no aplicó ningún postulado de izquierda, a pesar de haber incorporado a viejos
personajes de las filas del MAS y del MIR que se subordinaron a la derecha.
El pueblo fue empeorando su situación. Un nuevo estallido social no se produjo
gracias a la esperanza que había generado el 4F y la opción Hugo Chávez por la
solución electoral anunciada en 1994, dando un respiro de 4 años a las fuerzas
de la derecha que pusieron a su servicio incondicional a los sindicatos
agrupados en la CTV, a fin de disminuir la presión obrera, mientras contenían
al sector estudiantil y universitario.
De 2016 a
1989
Un
extenso paquete de leyes de corte neoliberal pretendería desmontar el andamiaje
jurídico en favor del bienestar social y desarrollo económico mediante un
modelo alternativo armado por la Revolución desde 1998 que logró poner al
hombre y la mujer, a las comunidades como protagonistas, reduciendo la pobreza,
estabilizando las cuentas nacionales, y sobre todo alcanzando las metas
mundiales con los propios recursos producidos por el país.
El let
motiv opositor es “Dictar y/o reformar leyes que faciliten la
distribución de productos esenciales y reformar o derogar normas que dificultan
la circulación de bienes” como La Ley de Seguridad Agroalimentaria y la Ley de
Precios Justos. En el paquete de 1989, se llamaba simplemente "eliminación
de controles de precios". Todo de acuerdo a la "oferta y la demanda".
Veamos
los siguientes ejemplos del “Paquete Neoliberal Legislativo 2016":
--Una Ley de Abastecimiento Pleno
que Incluye la libre importación de todos los rubros, en una vuelta a la
economía de puertos. La eliminación del papel del estado en la planificación
económica y protección de las reservas internacionales de divisas. Esta
es una de las premisas del Consenso de Washington: la desregulación de la
economía.
-- Una Ley Marco para el Incremento de la
Productividad y Ley de Reversión Expropiatoria. Esta pretensión quedó
expresada en la Carta de Intención con el FMI, en la protección que debía dar
el estado a las inversiones. Tal era la aspiración que los inversionistas
extranjeros llegaron a proponer a escala mundial el Acuerdo Multilateral de
Inversiones (AMI), en el cual el estado asumía todo riesgo de los
inversionistas, incluso las pérdidas. El AMI fue derrotado por los pauses del
Sur en el seno de la OMC. Un marco jurídico de tal magnitud buscaba hacerse con
los grandes recursos naturales del país. En la Agenda Venezuela de Caldera II,
tal daño nacional se empezó a materializar con la “Apertura Petrolera”. En
2016, esta ley otorgaría un súper poder a los empresarios los cuales podrían
reclamar bienes de utilidad pública.
-- En
cuanto a Servicios Públicos, el Paquete Legislativo, propondría la vuelta a la
instrucción del FMI de privatizar los servicios, tal como se hizo en la Agenda
Venezuela de Caldera II. Así el acceso a la telefonía fija y celular se hizo
privilegio de unos pocos; mientras que el acceso a internet apenas llegaba a
porcentaje no superiores al 5 % de la población, siendo sumamente costoso,
limitado y lento. Electricidad, agua, transporte público quedaban bajo las
reglas del mercado y el servicio de gas, sencillamente no continuo su
desarrollo. El gobierno ofreció en concesiones para los grandes “circuitos” las
bandas FM y dejó de realizar grandes inversiones en carreteras, autopistas y
vías férreas.
-- En la Ley de Descentralización y
Asociaciones Estratégicas para la Mejora de los Servicios, el estado
es retirado de su participación necesaria en el desarrollo de la
infraestructura del país, para poner en mano de las inversiones extranjeras
esta área mediante una Ley de Asociaciones Público Privadas para el
Desarrollo de obras Públicas.
El ropaje
social de este paquete
En 1989,
el gobierno de CAP intentó maquillar las medidas con un ropaje social que
incluía un aumento por una sola vez del sueldo para la administración pública,
pero con la inmediata congelación de cargos. Por otra parte, medidas
cuantificadas y reducidas como becas alimentarias o instituciones para
protección al consumidor. En esta oportunidad el Paquete Neoliberal se acompaña
de aparentes medidas sociales como Ley de Protección y Educación al
Consumidor que estimulan al comerciante a ofertar libremente.
La ley de
Protección Salarial y Anticipos de Prestaciones Sociales va en dirección a
desmejorar la capacidad de ahorro del trabajador hoy reflejada en sus
prestaciones sociales, en cuanto a las pensiones, se regresaría al escenario de
un beneficio cuyo aumento dependería de la voluntad del gobierno y no al sueldo
mínimo.
En el
área de vivienda, se regresa a la receta del FMI de otorgar créditos
hipotecarios a las familias, contario al objetivo de la Revolución, de la
vivienda como un derecho social. Peligrosamente, se refiere a leyes de
arrendamiento para la desocupación de inquilinos que no paguen para puedan
“alquilar” los que sí pueden, en una medida de corte capitalista, en la cual la
vivienda vuelve a ser un producto para el mejor postor.
En suma,
la derecha pone todo en el asador para volver a las condiciones estructurales
de la década de los 80 y 90, donde lo esencial era cumplir con los objetivos
dictado por el mercado mundial, el beneficio del gran capital en la premisa de
“Ricos cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres” (Conferencia
de los Episcopal Puebla 1979).
El pueblo
organizado, portador del poder soberano, evidentemente no lo permitirá.
