Hay una gran confusión u omisión jurídica en los países que integran el Grupo de Lima (GL) que a su vez son los operadores principales en la OEA y de la Unión Europea (UE) con respecto al principio de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Esto podría deberse principalmente a que en esos países no están poniendo a trabajar a sus juristas e internacionalistas de profesión, los que hicieron la carrera universitaria de relaciones internacionales y se especializaron en ella, téngase en cuenta que un diplomático no siempre es un internacionalista; un diplomáticos en teoría está obligado a seguir instrucciones de su gobierno; un internacionalista debería ser un estudioso de los acontecimientos y dar un análisis con recomendaciones que oriente la toma de decisiones. Los países tienen ambos profesionales. Pero en el caso que analizamos, sus gobiernos reciben el paquete elaborado desde EEUU que se los distribuye y ellos maquillan en reuniones “multilaterales”.
Estos grupos pretenden burlarse de la mayoría de los estados nación que componen el Sistema Internacional. Los 19 países OEA que desconocen el derecho internacional, UE y Japón, son menos de un tercio del número de países del mundo, los cuales han mostrado su apego a esos necesarios principios de coexistencia entre las Naciones.
El GL fue conformado tras los estrepitosos fracasos políticos de la OEA al no poder implementar el paquete contra Venezuela, al estilo de lo que hizo occidente en 2011 con Libia. Ahora la moribunda OEA es reanimada ante los continuos traspiés que viene dando el GL. Para reforzarlos, EEUU activa a la UE, eternamente agradecida por el Plan Marshall y subordinada por la OTAN. Occidente anda en busca de un grupo que se atreva a pedir una intervención oficial en el Consejo de Seguridad contra Venezuela, pero no tienen argumentos, y eso está plenamente demostrado política y jurídicamente. Occidente está cometiendo un atropello contra el derecho internacional y sus instituciones.
Si los juristas e internacionalistas profesionales y éticos de esos gobiernos, analizaran la carta de la ONU sobre el derecho colectivo y humano cual es la “autodeterminación de los pueblos”, deducirían que los grupos humanos radicados en un Estado – nación, tienen el sagrado derecho de darse la forma de gobierno y sistema político que determinen. Eso implica la aceptación, inclusive, de gobiernos monárquicos como sucede en países de Europa, Asia y África; es lo que se llama “Pluripolaridad”.
La aplicación de las teorías y leyes les hubiese evitado la torpeza jurídica de haber firmado con los ojos cerrados una declaración política cargada de errores jurídicos que al final los perjudica. Son variados los problemas limítrofes en nuestra América y en la propia Europa; son recurrentes los ataques contra la soberanía y la autodeterminación que ha habido en los países del Sur de parte del Norte.
La autodeterminación es hija de la soberanía. Un país soberano se da su propio gobierno, sin ninguna imposición extranjera. Está demostrado en los casi 400 años de la existencia de la forma de organización política llamada Estado – Nación, que cada vez que una fuerza extranjera sea cual sea la forma (unilateral o multilateral) interviene para “doblarle el brazo” ocasiona consecuencias negativas, en particular en el desarrollo humano y en general en el equilibrio regional. Un mundo pendiente de que en cualquier momento poderosos intereses económicos y políticos quieran acabar con los principios universales del derecho, no puede vivir en paz. Esa es la situación mundial hoy.
Una Nación Independiente y Soberana está por encima de las ambiciones de grupos de poder internacional, por muy fuertes que sean
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